Durante los últimos cinco años el Parlamento Europeo ha dejado su huella en la legislación comunitaria. Además, ha sido el garante del respeto de los derechos sociales y de los derechos humanos, modificando las propuestas de las directivas menos exigentes en ese sentido.
Aquí tenemos algunos de los temas y grandes debates de la legislatura que ahora llega a su fin.
En defensa de los derechos sociales
La directiva Bolkestein o el fin del "principio del país de origen"
Sin duda la directiva más famosa de toda la historia de la Unión Europea ha sido la directiva relativa a los servicios en el mercado interno, más conocida como "Directiva Bolkestein", por el nombre del comisario que la propuso.
La propuesta, tal y como la presentó la Comisión Europea a principios de 2004, suscitó tanta polémica que llegó a influir en el «no» francés a la Constitución Europea.
La Directiva, que se deberá aplicar a finales de 2009, prohibe explícitamente las restricciones a la libre prestación de servicios. Por lo tanto, resultará más sencillo que antes prestar servicios, de modo temporal, en otro país de la UE. Algunos de estos servicios son exclusivos en el campo de aplicación de la Directiva. Es el caso de aquellos de interés general no económico, de ciertos servicios sociales o de algunos ya cubiertos por una legislación sectorial (servicios audiovisuales, financieros o de transportes), así como los sanitarios.
El texto se adoptó tras un año y medio de agitados debates. La razón, principal fue "el principio del país de origen" que permitiría a los prestatarios de servicios operar en otro Estado miembro conforme a las condiciones aplicables en sus países de origen. Para algunos eurodiputados, así como para una parte de la población europea, esto abriría la puerta a "una competencia malsana entre los Estados miembros" y al "dúmping social".
Durante un año y medio diez comisarios han estudiado, debatido y corregido el texto. Finalmente, la Directiva obliga al prestatario a someterse a los derechos laboral y social del Estado en el cual trabaje.
Al igual que los Estados, los eurodiputados también tienen sus divisiones. El texto ha sido aprobado por los dos principales grupos políticos, el PPE-DE y el PSE, salvo por los diputados socialistas franceses, que han votado en contra junto con los miembros de grupos de la GUE/NGL y de los Verdes/ALE.
Jornada laboral: 48 horas por semana máximo
Al oponerse al Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo ha garantizado que la semana de trabajo no puede sobrepasar las 48 horas como máximo, para no comprometer la salud y la seguridad de los trabajadores. El cálculo se ha realizado sobre doce meses, lo que da un poco más de flexibilidad. Pero los eurodiputados han rechazado las tentativas de algunos Estados miembros de sustraerse al límite máximo de las 48 horas. Además, también se han mostrado en contra de que las horas de guardia que se hacen en algunas profesiones, como las médicas, sean consideradas como tiempo de trabajo. Esto ha generado discusiones durante tres años.
Protección de los consumidores
REACH
Aprobado en diciembre de 2006, el Reglamento REACH (relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos) exige el registro de 30.000 de las 100.000 sustancias químicas existentes en el mercado. Entre las modificaciones aportadas por los eurodiputados está la obligación de sustituir las sustancias más peligrosas por alternativas más seguras cuando sea posible, un «deber de diligencia» de los fabricantes respecto a la sanidad y el medio ambiente y la exigencia de promover alternativas a los ensayos en animales.
Telefonía móvil
En vigor desde junio de 2007, el reglamento sobre las tarifas de teléfonos móviles, "roaming", reducirá el precio de las llamadas de móvil realizadas y recibidas en el extranjero dentro de la UE para al menos 140 millones de usuarios.
Antes de la adopción del Reglamento en el plenario, el Parlamento, tras intensas negociaciones con el Consejo, puso límite a los precios máximos de las llamadas de móvil realizadas y recibidas en el extranjero.
En nombre de la libre competencia
La liberalización de los servicios ferroviarios europeos
A partir de enero de 2010 los ciudadanos que atraviesen en tren las fronteras nacionales dentro de la Unión Europea podrán elegir entre varias compañías ferroviarias. La legislación que lo permite ha sido adoptada en 2007, después de tres años de arduas negociaciones entre los eurodiputados, así como entre el Parlamento Europeo y el Consejo de los ministros de transporte.
El Parlamento ha propugnado una mayor competencia transfronteriza, además de obtener un conjunto de derechos básicos para los usuarios de ferrocarril, incluyendo la indemnización por retrasos en los servicios internacionales o la garantía de que los conductores están plenamente cualificados.
Para salvar el medio ambiente
Los "tres veinte" para detener el cambio climático
Desde diciembre de 2008 la Unión Europea tiene en marcha un paquete de medidas con el que quiere hace frente al calentamiento global. Los Veintisiete han establecido unos objetivos que se deben cumplir en 2020 y que incluyen una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una mejora del 20% de la eficiencia energética comparada con los valores de 1990 y que el 20% de la energía provenga de fuentes renovables.
El Parlamento ha mantenido intensas negociaciones con el Consejo de la Unión Europea, que no veía con buenos ojos la imposición de medidas urgentes destinadas a lograr esos objetivos. Finalmente el paquete negociado y votado por los eurodiputados incluye la revisión del sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero, objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los Estados Miembro en sectores no incluidos por este sistema, un marco legislativo en materia de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, objetivos urgentes en lo que respecta a las energías renovables e incluso una regulación sobre las emisiones de CO2 de los coches nuevos.
Sobre los Derechos Humanos y las Libertades Civiles
Las actividades de la CIA en Europa
Tras el descubrimiento del escándalo los eurodiputados decidieron pedir explicaciones a los Estados Miembros sobre los vuelos secretos de la CIA en la Unión Europea. Se creó una comisión parlamentaria temporal para que investigara estos hechos cuya conclusión fue que hay una grave ausencia de cooperación entre los Estados Miembros y les acusaron de no respetar el “principio de cooperación leal inscrito en los tratados de la Unión Europea, que obliga a los Estados Miembros y a las instituciones de la Unión Europea a tomar todas las medidas necesarias para vigilar el respeto de las obligaciones europeas en lo que se refiere a los derechos humanos”
Los datos de los pasajeros de avión y pasaportes biométricos
El parlamento Europeo presentó sus reservas y dudas sobre la protección de los datos de los pasajeros de avión solicitados por Estados Unidos. A pesar de que no es competente en esta materia aprobó una resolución con una lista de recomendaciones para el Consejo de la Unión Europea sobre los acuerdos del tratado de transferencia de datos y expedientes de los pasajeros. El Parlamento Europeo también se ha opuesto a un proyecto destinado a recoger los expedientes de los pasajero con fines represivos ya que este proyecto podría constituir una amenaza para el derecho a la privacidad.
En lo que se refiere a los nuevos pasaportes biométricos serán obligatorios a partir del 29 de junio de 2009 para volar a Estados Unidos. Estos pasaportes incluyen datos como la imagen facial y las huellas dactilares. El Parlamento Europeo se ha opuesto a que se incluyan las huellas dactilares de los menores de 12 años.
Cuando el Parlamento Europeo dice no
El Parlamento Europeo tiene derecho a rechazar un proyecto de ley si cree que es totalmente inaceptable y considera que no se podría realizar ninguna mejora satisfactoria.
El Parlamento dijo no a la directiva sobre las patentes de “software”, que tenía como objetivo desarrollar un sistema de patentes para los programas informáticos similar al que tiene Estados Unidos. Según algunas opiniones estas patentes habrían limitado a las pequeñas empresas, que no tendrían acceso a ellas, y amenazaba al “software” libre. Finalmente el proyecto fue rechazado en 2005 casi por unanimidad poniendo fin a tres años de debates.
Los eurodiputados también han dicho no a la directiva sobre los servicios portuarios. La Comisión Europea quería “modernizar los puertos y aumentar su productividad” liberalizando los servicios portuarios como la carga y descarga de los barcos. La mayoría de los eurodiputados consideraron que la liberalización traería pérdidas masivas de empleos y un deterioro de las condiciones de trabajo. El no del Parlamento Europeo, por 532 votos contra 120 y 25 abstenciones, llevó a la Comisión a retirar su propuesta.
